El caso de la Jueza Angélica Sánchez sentará un precedente en la impartición de justicia

 

La jueza veracruzana Angélica Sánchez fue detenida, en dos ocasiones, por dejar en libertad a una persona de nombre Itiel Palacios García, acusado por la Fiscalía de Justicia de Veracruz de ser un capo conocido y de haber ordenado el asesinato de un diputado local del PRI en 2019.

 

La realidad es que la jueza local ordenó la libertad del señor Palacios pues un juzgado federal y, posteriormente, un Tribunal Colegiado Federal, le solicitaron ponerlo en libertad ante la falta de evidencias de que hubiera participado en un homicidio. Seguramente a la jueza Sánchez no le gustó la resolución de los juzgadores federales, pues ella lo había sentenciado, originalmente, a prisión.

 

Sin embargo, no le quedaba de otra más que cumplir con las resoluciones federales que señalan que no había pruebas en su contra, además de que en Veracruz se comenta que el verdadero CAPO sigue libre y delinquiendo en la frontera con Oaxaca. De no haberlo puesto en libertad, la jueza Sánchez, además de incumplir con la ley, habría arriesgado su cargo al violar sentencias federales, pero eso, poco le importó al gobierno de Veracruz y primero la arrestaron en esa entidad —quedando en libertad con un amparo— y luego la volvieron a arrestar en la CDMX y la trasladaron a la prisión de Pancho Viejo, en Veracruz.

 

El gobernador, Cuitláhuac García, se jacta de burlar a la justicia, por ejemplo, cuando sus policías encarcelaron a cientos de veracruzanos por el delito de “ultrajes a la autoridad”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional. ¿Qué hizo el gobernador? se ha resistido a acatar la resolución. En la página del Congreso local, el artículo sobre “ultrajes” no aparece derogado y en el mismo portal, emerge una leyenda que dice “los jueces no debieran de ser legisladores”.

 

Hace poco, el gobernador organizó una marcha contra la SCJN exigiendo la renuncia de los ministros y llevó ataúdes y provocadores en un ánimo de intimidación.

 

La última, arrestan en la CDMX a la jueza Sánchez, a pesar de tener un amparo que evitaba ser detenida y justo antes de conseguir una entrevista en la propia SCJN.

 

Después de la detención de la Jueza, el país entero estará observando cómo reaccionan los jueces del país, en particular, el Poder Judicial Federal, cuyas resoluciones deberán incumplirse o de lo contrario, sus jueces serán hostigados. Y ahora, en el caso de la jueza Sánchez, hay un gran desafío: se habría violado un amparo de un juez federal y se ignoró al defensor público que no pudo ni acercarse a su defendida.

 

Son tiempos inéditos, desde luego no veremos a los jueces manifestándose o publicando desplegados, pero si no pueden realizar su labor de manera libre y apegado a Derecho, no tiene ningún sentido que estén. 

 

El caso de la jueza Sánchez sentará un precedente en la impartición de justicia y en la relación entre Poderes. El PJF y su presidenta se juegan en este caso mucha de su credibilidad, si no es que toda, los retos que les ha lanzado el gobernador de Veracruz han ido creciendo y éste piensa que no tendrán ninguna consecuencia. 

 

Veremos quién gana.